Manifestantes detenidos fueron acusados de sedición, mientras que otros tantos enfrentan cargos por terrorismo.
Alentado por el insólito comunicado del Gobierno que habló de un supuesto “intento de golpe de Estado”, el fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para todos los arrestados y les imputó 15 delitos, entre ellos el de “sedición”. La jueza María Servini ya indagó a los primeros diez detenidos.
En otro acto de la desproporcionada escalada de violencia judicial y política, los manifestantes detenidos al voleo durante la movilización contra la Ley Bases y acusados de una supuesta “sedición” contra el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza.
La información la suministraron a la prensa varios familiares de algunas de las personas que desde el miércoles estaban alojadas arbitrariamente en comisarías y alcaidías a la espera de su liberación. “Fueron trasladadas a unidades del Sistema Penitenciario Federal”, confirmaron a través de un breve comunicado.
La familia de Brian Ortiz, estudiante de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente Nº1 de Avellaneda, informó que a él “lo acaban de trasladar a (la Unidad Penitenciaria de) Ezeiza, acusándolo de actos terroristas”.
Debido a esta nueva información, las familias suspendieron la movilización que tenían prevista para hoy frente a los lugares de detención y tribunales, y convocaron a otra al mediodía en los tribunales de Retiro, en Buenos Aires.
Detenciones arbitrarias y persecución
La detención arbitraria, la falsa acusación con figuras penales desproporcionadas, la incomunicación, los traslados durante la madrugada y la falta de aviso e información a familiares son características propias de un modus operandi que las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no habían aplicado durante años en la Argentina.
La persecución judicial contra los 33 detenidos durante la jornada de protestas del miércoles trepó hasta niveles grotescos. Alentado por fake news lanzadas a través de las redes sociales solventadas por el gobierno de Javier Milei, el cuestionado fiscal Carlos Stornelli pidió prisión preventiva para todos y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional.
Por lo pronto, a los familiares se les informó que a algunos de ellos se los habían llevado a cárceles de mayor seguridad, fuera de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, Servini deberá indagar a otros 23 acusados que estaban bajo la Justicia porteña pero se acumularon a su causa y por eso quedó ella como única jueza a cargo de todos los detenidos.
