La fiscal general de Estados Unidos (EEUU), Pamela Bondi, precisó tras conocerse que la Corte Suprema se pone del lado de la Administración de Donald Trump en lo que respecta a la Ley de Enemigos Extranjeros, que «dicha decisión, es una victoria histórica para el Estado de derecho».
«Un juez activista en Washington, D.C., no tiene jurisdicción para tomar el control de la autoridad del presidente Trump para dirigir la política exterior y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense. El Departamento de Justicia seguirá luchando en los tribunales para que Estados Unidos vuelva a ser un país seguro», puntualizó.
Cabe recordar, que la Corte Suprema permitió el uso de una ley de 1798, que tradicionalmente se aplicó en tiempos de guerra. Esto, con la finalidad de deportar a presuntos pandilleros venezolanos.
Esta medida se enmarca dentro de la línea del presidente Trump hacia la política de inmigración.
En este contexto, el tribunal, en un fallo no firmado de 5 a 4, concedió la solicitud de la administración para levantar una orden emitida el pasado 15 de marzo por el juez estadounidense James Boasberga, quien bloqueó temporalmente las deportaciones sumarias bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras se resolvía el litigio.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una suspensión administrativa temporal. La cual pospuso la fecha límite para que el Gobierno devuelva a un hombre de Maryland que fue deportado por error fuera de los EEUU. Esta suspensión le brinda al tribunal más tiempo para considerar los argumentos presentados por ambas partes en el caso.
Finalmente, la administración Trump ha solicitado una intervención de emergencia en el caso de Kilmar Armando Abrego García; a quien el Gobierno admitió haber enviado a El Salvador erróneamente.
