En su más reciente entrega de “Tubazos”, el periodista venezolano Eligio Rojas ahondó sobre el caso de 10 exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que supuestamente conformaban una red de tráfico internacional de drogas.
Según las fuentes de Rojas, los acusados hicieron uso de los insumos del Cicpc para transportar estas sustancias ilícitas, aprovechando también sus altos cargos en este organismo de seguridad y control.
- El comisario general, Luis Orlando Revilla Chirinos.
- El inspector jefe, Honeide Dugarte-Dugarte.
- José Daniel Moncada Zambrano.
A la lista también se suman siete detectives, identificados como:
- José Gregorio Rodríguez Castro.
- Yefferson Orlando Sierra Varela.
- Daneyber Orlando Guerrero Mora.
- Jeferson José Ramírez Rivas.
- José Miguel Eduardo Peña Hernández.
- Yordi Pastor Valera Guerra.
- José Gregorio Rincón.
En estas operaciones ilícitas también se vio involucrado un civil llamado Javier Calaza Ramírez Delgado.
“Estas personas fueron detenidas en dos procedimientos, el primero realizado el sábado 3 de mayo en el sector La Parada, final de la autopista La Fría-San Cristóbal, municipio Lobatera del estado Táchira. Ese día detuvieron a Dugarte, Moncada y Sierra, quienes junto al civil Ramírez transportaban en una patrulla del Cicpc la suma de 170 kilos de cocaína de alta pureza. Posteriormente fueron detenidos los otros restantes siete funcionarios de la Policía Científica, quienes fueron imputados ante un tribunal de control del estado Táchira”, relató Rojas.
¿Cómo quedó el caso?
Hoy en día, el Ministerio Público (MP) está solicitando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se radique en Caracas dicho proceso penal contra los 10 funcionarios infractores, cuyo proceso penal se encuentra abierto en el estado Táchira.
“Con el correr de los días (posterior a la aprehensión) el Ministerio Público decide solicitar sacar ese proceso penal hacia otro, lo cual plasmaron en un documento consignado ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ficho documento, técnicamente llamado Solicitud de Radicación, fue redactado por el fiscal del Ministerio Público, Enrique Alfredo Beltrán larrazabal. Asimismo, el pasado 2 de junio se le dio entrada en la Sala Penal del Máximo Tribunal de Venezuela a este documento”, indica las fuentes de Rojas.
(Laiguana.tv / Fotos @afrofenixphoto)
