La decisión de aplazar la audiencia judicial prevista en EE.UU. contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, plantearía un debate sobre la naturaleza, la legitimidad y el alcance del proceso en contra del líder sudamericano, señalan expertos en entrevista con Sputnik.
De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, la solicitud de diferimiento de la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, prevista para este 30 de junio, se debe a «razones logísticas y de seguridad relacionadas con el traslado y custodia de los acusados». El juez federal Alvin Hellerstein habría aceptado la petición, reprogramándola para el 22 de julio.
Además, se solicitó que se excluyera el caso de la ley de juicio rápido prevista en la legislación estadounidense a fin de que pudieran presentar nuevas pruebas y la defensa pueda revisarlas y «considerar qué mociones previas al juicio espera presentar».
¿Una decisión para ‘desvirtuar la presunción de inocencia?
La abogada especialista en derecho internacional, Ana Cristina Bracho, expresó a Sputnik que la solicitud de diferimiento por parte de la Fiscalía de Estados Unidos puede interpretarse como un elemento significativo dentro de la dinámica del proceso judicial contra Maduro y la primera dama.
«Cuando la Fiscalía, como la parte acusadora, solicita un aplazamiento, lo hace en el contexto de la necesidad de construir un expediente que supere el estándar de duda razonable, es decir, que logre desvirtuar la presunción de inocencia», explica.
Desde su perspectiva, este movimiento podría ser indicativo de dificultades en la consolidación del caso, particularmente en lo relativo al sustento probatorio de las acusaciones.
«La noticia [sobre el aplazamiento de la audiencia] viene a mostrar una debilidad en la acusación que ya ha sido señalada previamente, donde los principales argumentos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores no han logrado sostenerse de manera probatoria suficiente», añadió.
Bracho también considera que cualquier evaluación del caso debe partir de una precisión metodológica fundamental: el acceso o no al expediente judicial completo. En este caso, subraya, el análisis se realiza exclusivamente sobre la base de lo difundido por la prensa internacional.
Asimismo, la experta recordó que el caso ha estado rodeado de controversias desde su inicio, incluyendo cuestionamientos, sobre la legitimidad de la detención, la competencia del tribunal y el respeto a las garantías procesales.
«El proceso contra Nicolás Maduro ha sido denunciado por la defensa y por la República Bolivariana de Venezuela como proveniente de una acción ilegal. Recordemos que los mandatarios están amparados dentro del derecho de Ginebra, que les da inmunidad», señala Bracho.
Y es que, a pesar de que Maduro representa a una nación, se dio «la situación absurda y antijurídica de que un tribunal de municipios del distrito de Nueva York» conduzca el caso, agrega.
Según la abogada, se trata de «un proceso que no solo tiene dimensiones penales, sino también profundas implicaciones de derecho internacional y de relaciones entre Estados».
«El derecho a la integridad física y psicológica debe estar garantizado»
Desde una perspectiva de derechos humanos, el aplazamiento de la audiencia de Nicolás Maduro debe obedecer a una óptica de la integridad personal de los detenidos, afirma en entrevista con Sputnik la abogada Érika Yáñez.
«Estamos hablando de personas privadas de libertad, cuyo derecho a la integridad física, psicológica y moral debe ser garantizado en todo momento», señala.
La jurista enfatiza que el derecho a la integridad está estrechamente vinculado con el derecho a la salud y, en última instancia, con el derecho a la vida.
«Cuando una persona está privada de libertad, el Estado asume la responsabilidad de garantizar condiciones que permitan preservar su salud en todas sus dimensiones», explicó.
Yáñez también hizo referencia a informaciones difundidas por medios internacionales sobre el estado físico de los detenidos durante sus comparecencias, aunque subrayó que estos datos deben ser tratados con cautela.
Según dichos reportes, tanto Maduro como Flores habrían presentado signos de desgaste físico durante sus apariciones judiciales, incluyendo pérdida de peso y posibles afectaciones de salud.
En este contexto, Yáñez subrayó la importancia de garantizar el acceso a atención médica adecuada dentro de los centros de detención.
«El derecho a la salud no se suspende por la privación de libertad. Deben existir garantías efectivas para el acceso a tratamientos, diagnósticos y seguimiento médico, y esto debe garantizarlo el Estado norteamericano a través de su sistema de justicia. Esperemos que el caso del presidente Maduro y la diputada Cilia Flores, no sea la excepción», concluye.
