Esos recursos, de los que apenas han sido liquidados 200 millones de dólares, son indispensables para redoblar las labores de atención a la emergencia y financiar el plan de reconstrucción tras los terremotos en Venezuela, dijo William Castillo.
El viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, William Castillo, declaró que el país mantiene su exigencia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la liberación de 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro retenidos por el organismo financiero internacional.
En declaraciones divulgadas por VTV, Castillo dijo que esos recursos, de los cuales apenas han sido liquidados 200 millones de dólares, son indispensables para redoblar las labores de atención de la emergencia y financiar el plan de reconstrucción nacional a raíz del desastre provocado por los potentes terremotos del 24 de junio.
Según precisó el viceministro venezolano, se ha dispuesto que ese anticipo de 200 millones de dólares sea gestionado por vía del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El también gerente del Observatorio Venezolano Antibloqueo afirmó que «lo vamos a ir haciendo con la negociación, con el diálogo, con la unión, porque ese es el camino, y no hay otro», y reiteró la vía institucional elegida por el Estado del país sudamericano para la liberación del patrimonio nacional bloqueado en el extranjero.
Al abordar la hoja de ruta para la emergencia nacional, Castillo informó que la segunda etapa de recuperación ya cuenta con un diseño estructural técnico-académico en el que confluyen aportes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, academias, institutos de investigación y universidades públicas y privadas.
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Destacó el papel de vanguardia de las comunas en la contingencia, habilitando campamentos temporales para atender a familias damnificadas, y precisó que el Poder Popular propuso canalizar la totalidad de los recursos de la consulta popular, interrumpida por la contingencia, directamente hacia la asistencia humanitaria.
«En momentos de dolor colectivo deben prevalecer la unión, el consuelo y la esperanza», afirmó el viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela.
Este domingo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez insistió de forma categórica en el cese inmediato de las sanciones internacionales ilegales para lograr la liberación de los recursos financieros venezolanos bloqueados en el exterior.
Durante su despliegue operativo como parte de la emergencia que vive el país, Rodríguez recalcó que el objetivo prioritario del Estado es destinar esos fondos directamente a la reconstrucción integral de las zonas afectadas por los sismos y anunció la creación de un fondo especial con el dinero soberano retenido en la banca internacional por el bloqueo financiero de Occidente.
La mandataria encargada enfatizó la urgencia de que Venezuela recupere su libre capacidad económica para potenciar el proceso de recuperación estructural y garantizar el desarrollo social de las comunidades vulnerables.
En abril pasado, cuando informó sobre la recuperación legítima de los derechos y activos congelados de Venezuela en el FMI, Rodríguez aclaró que «no es un programa de endeudamiento, es la recuperación de nuestros derechos y activos congelados en el FMI».
Venezuela: más de una década de medidas coercitivas unilaterales
Durante una década, debido al bloqueo de EE.UU. y sus aliados, Venezuela no pudo transferirle un dólar a la mayoría de los bancos del mundo, cobrar lo que le debían, recuperar sus reservas de oro ni acceder a 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional le asignó, al igual que a otros países miembros, durante la pandemia, en 2022. Todos esos fondos permanecieron congelados debido a las sanciones y no llegaron al Estado.
En mayo pasado, Castillo recordaba que 1.088 medidas coercitivas unilaterales han sido aplicadas contra Venezuela en los últimos 11 años, de las que 1.040 se mantienen activas.
«Llevamos más de 11 años bajo medidas coercitivas unilaterales. Esto comenzó en diciembre del año 2014, con una ley que se dictó contra Venezuela donde ya se asomaba la posibilidad de imponernos sanciones, y siguió con el decreto Obama de marzo del 2015. Es más de una década de agresiones», dijo el viceministro en aquella ocasión.
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En recientes declaraciones a la Televisión Central de China (CGTN), Castillo reiteró la exigencia nacional de que sean levantadas de forma absoluta las más de 1.040 medidas coercitivas unilaterales vigentes.
El funcionario recordó que esas medidas han frenado en los últimos años la marcha y el desarrollo de la vida nacional, incluida la dotación de equipamiento para hacer frente a calamidades naturales como la acontecida el pasado 24 de junio.
«Es verdad que si falta algún equipo en Venezuela hay que relacionar ese hecho con la carencia de recursos a la que ha estado sometido el Estado venezolano y con el cese del comercio exterior tanto para el sector público como para el sector privado», subrayó.
Según el gerente del Observatorio Venezolano Antibloqueo, el régimen sancionatorio impuesto a Venezuela ha afectado todas las áreas de la vida social, desde la educación y la migración forzada hasta la infraestructura y la producción económica, incluso durante la pandemia de covid-19.
«Venezuela no ha podido durante 11 años comerciar libremente su petróleo. Le han sido confiscados sus activos en el extranjero. Son más de 30.000 millones de dólares que fueron confiscados, y ahí aún hay 22.000 millones de dólares represados en el sistema financiero internacional», dijo.
Agregó que el daño también se produjo por vía del llamado sobrecumplimiento, las llamadas sanciones invisibles, por lo cual muchas empresas dejaron de traer insumos a Venezuela. «Entre ellas, por supuesto, empresas de construcción, empresas y servicios públicos. De allí también las fallas recurrentes y la desinversión en ciertos sectores de servicios básicos, como la energía», afirmó.
Fuente: VTV – teleSUR – Observatorio Antibloqueo
