En Venezuela, las autoridades emitieron orden de aprehensión contra Gustavo Azócar Alcalá y Gustavo Eduardo Lainette Aloman por los delitos de extorsión agravada, promoción al odio, revelación indebida agravada de información personal y asociación agravada.
Ambos ciudadanos, reconocidos por proyectar una narrativa en contra de Venezuela, son acusados de formar parte de una célula dedicada a extorsionar personas a través de publicaciones en línea, utilizando como plataforma reportajes que comprometen el honor y la reputación de sus objetivos.
En esta ocasión, el denunciante fue el ganadero tachirense Waldo Rujano Mora, quien introdujo una querella penal tras la publicación de varios artículos que lo vinculaban falsamente con grupos delictivos colombianos.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público los individuos exigían hasta 15 mil dólares por parte de los acusados, a cambio de eliminar el contenido publicado.
¿Quiénes son los acusados?
Gustavo Azócar, periodista y comunicador fue detenido en 2009 por cargos de corrupción. Luego de lograr su libertad mantuvo un perfil crítico al gobierno en redes sociales y medios digitales, valiéndose de reportajes cuestionables.
Por su parte, Gustavo Lainette, presidente de la organización «Resistencia Venezolana», se ha proyectado desde el extranjero como un promotor de campañas contra el Estado venezolano.
Fue uno de los organizadores de la controvertida iniciativa “Ya Casi Venezuela”, respaldada abiertamente por el mercenario Erik Prince, con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro, e incluso asesinarlo.
Lainette se intentó desvincular de la campaña en 2024 alegando irregularidades internas. Sin embargo, fue tildado de estafador por engañar a los donantes usando su ONG para recolectar fondos por petición del extremismo opositor bajo falsas promesas de «liberar» a Venezuela.
Ese mismo año, Lainette fue detenido en Estados Unidos por violencia doméstica.
La orden de detención de Azócar y Lainette se enmarca en una serie de investigaciones abiertas contra actores que, bajo el discurso de activismo político, incurrieron en prácticas delictivas para obtener beneficios económicos o incidir en la opinión pública de forma fraudulenta.