El funcionario refirió que las pesquisas se soportan en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y el Estatuto de Roma.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles el inicio de una averiguación contra el presidente argentino, Javier Milei y otros altos funcionarios, por el «robo» de una aeronave de carga propiedad del Estado venezolano, que fue retenida irregularmente en el aeropuerto de Ezeiza y entregada posteriormente al Gobierno de EE.UU. para su destrucción.
«Este Ministerio Público anuncia la designación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina», dijo el funcionario en una comparecencia ante los medios.
Así, precisó, con base en lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus protocolos, la Justicia venezolana investigará al mandatario, así como a la secretaria Karina Milei y la ministra Bullrich, por su aparente responsabilidad en la comisión de los delitos de «robo agravado», «legitimación de capitales», «privación ilegítima de libertad», «simulación de hecho punible», «interferencia ilícita», «inutilización de aeronave» y «asociación para delinquir».
«Esto que estoy acá expresando, en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los órganos competentes, porque eso […] no puede quedar impune», aseguró.
El segundo caso
Saab comunicó el inicio de otra pesquisa contra la administración libertaria de Argentina por las presuntas «violaciones a los derechos humanos» que se habrían cometido en el contexto de la implementación del ‘plan motosierra’, sustentado, en su decir, en recortes lesivos para la calidad de vida de la población «vulnerable», «represión policial» en protestas ciudadanas pacíficas y en la negación de los crímenes perpetrados por el Estado durante la última dictadura militar.
«Este Ministerio Público considera que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad», avanzó, antes de puntualizar que estas acciones se compadecen con lo estipulado en el Estatuto de Roma.
Frente a esto, sostuvo que su despacho decidió «designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino, Javier Milei, y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes deberán responder ante la Justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino».
En sus alegaciones, el titular del Ministerio Público de Venezuela aludió al «doble rasero» existente para abordar las violaciones a los derechos humanos, que a menudo son utilizadas como arma arrojadiza para «acusar y enjuiciar a gobiernos que no le son afectos al imperialismo estadounidense ni al sionismo», mientras que los organismos internacionales en la materia ignoran los señalamientos que se formulan contra aquellos que son aliados de Washington.
