“La decisión del TSJ está contenida en la sentencia 0902 de la Sala Constitucional publicada el pasado 11 de junio. Esa sentencia es la respuesta a una acción de amparo interpuesta por Keisler Josué Pérez Martínez, detective del Cicpc, quien fue condenado a 30 años de prisión tras haber sido hallado culpable de violencia sexual agravado y femicidio agravado en perjuicio de Nazareth Marín”, explicó Rojas.

El periodista agregó que el exdetective llegó a denunciar que su derecho a la libertad se vio lesionado por la decisión emitida por la Corte de Apelaciones de Caracas, la cual ratificó la pena máxima de su condena dado a la gravedad de sus crímenes y el boicot a la justicia tras hacer uso de su uniforme para beneficio personal.

“Los magistrados respondieron que existen otros mecanismos específicos, mediante los cuales puede presentar esa denuncia y procurar que se le restablezcan los derechos presuntamente lesionados. En ese caso, los magistrados aluden concretamente al recurso de casación, que debe tramitarse ante la Sala Penal del Máximo Tribunal de Venezuela”, agregó.

Por su parte, el acta de la sala Constitucional del TSJ reiteró que la acción de amparo no es admisible, cuando el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de ejercer “recursos ordinarios contra un acto que presuntamente lesiona los derechos de rango constitucional, pues el amparo no puede convertirse en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que estos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados. O en todo caso, resultará admisible cuando la parte actora exponga cuáles fueron las circunstancias excepcionales que la llevaron a optar por la vía extraordinaria’’, resaltan las fuentes de Rojas.

¿Qué fue lo que pasó?

Nazaret Marín laboraba en el área administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamef) y recibió una invitación a la playa Los Ángeles, estado La Guaira, por parte del detective Keisler Josué Pérez Martínez, en marzo de 2023.

“Ese viaje ocurrió el 19 de marzo del año 2023. Se trasladaron en un Toyota Corolla propiedad de Derwin Jesús Ruíz Mujica (otro de los cómplices), donde también iba Miller Andreína Ochoa (otra de las autoras del crimen). La investigación del Ministerio Público determinó que, aproximadamente a las 8:30 pm de ese domingo 19 de marzo, Nazareth Marín desapareció del grupo de amigos, situación que fue reportada por Miller Andreína a sus otros compañeros ‘a los fines de establecer su coartada ante los visitantes que aún se encontraban en la playa’”, explica el periodista de sucesos.

Tras la desaparición de Marín, sus amigos se retiraron de la playa, alrededor de las 10:00 pm, para trasladarse a la tasca El Charro Azul de Catia. El grupo permaneció en el local hasta las 4:00 am del lunes 20 de marzo.

“Según el Ministerio Público, decidieron continuar celebrando la desaparición y muerte de Nazareth, así como la violencia sexual que de forma colectiva habían practicado en contra de su víctima”, continúo Rojas.

Keisler Josué Pérez Martínez mantuvo la fachada de amigo preocupado en los días posteriores a su desaparición y muerte, puesto que fue él quien le contestó a la madre de la víctima tas contactarla por el teléfono.

“Ella le pidió que la llevara a la playa donde desapareció su hija y éste accede ‘continuando con su coartada, a los fines de mostrarse colaborador ante la madre de la víctima’, o al menos así lo interpreta la Fiscalía”, comentó el conductor de Tubazos.

Finalmente, el cadáver de Marín fue encontrado en las inmediaciones de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), el jueves 23 de marzo. Según los testigos, el cuerpo flotaba sobre las aguas adyacentes al puerto de La Guaira.

“Las experticias forenses arrojaron que murió a causa de asfixia mecánica por sofocación, además de que el cadáver presentaba múltiples hematomas y signos de violencia sexual. Por este hecho fueron condenados a 30 años de prisión el detective Keisler Josué Pérez Martínez y Miller Andreina Ochoa Sequera, quien era amiga de ambos (tanto del Cicpc como de la víctima)”, aseveró.

Otros cómplices

Como se mencionó con anterioridad, el otro funcionario del Cicpc que fue aprehendido y revocado de su cargo fue Juan Alexander Ventura, por intentar encubrir a los autores materiales del atroz crimen.

Ventura, quien fungía como jede de la División de Homicidios del Cicpc-La Guaira, deberá cumplir 9 años y 6 meses en prisión.

“El Ministerio Público aclaró que ese funcionario tenía ‘pleno conocimiento de los autores’, que comprende la muerte violenta y el abuso sexual que sufrió Nazaret, optando así por hacer uso de su cargo para ocultar diligencias y experticias que involucran a los ciudadanos Derwin Ruíz y Kenny Díaz. Éste último deberá cumplir una condena de 3 años de prisión, debido a que a Díaz se le imputa el delito de encubrimiento en el femicidio agravado”, puntualizó Rojas.

Para conocer más detalles haga clic en el video adjunto.

(Laiguana.tv / Fotos @afrofenixphoto)

• El comisario general, Luis Orlando Revilla Chirinos.
• El inspector jefe, Honeide Dugarte-Dugarte.
• José Daniel Moncada Zambrano.

A la lista también se suman siete detectives, identificados como:

• José Gregorio Rodríguez Castro.
• Yefferson Orlando Sierra Varela.
• Daneyber Orlando Guerrero Mora.
• Jeferson José Ramírez Rivas.
• José Miguel Eduardo Peña Hernández.
• Yordi Pastor Valera Guerra.
•  José Gregorio Rincón.

En estas operaciones ilícitas también se vio involucrado un civil llamado Javier Calaza Ramírez Delgado.

“Estas personas fueron detenidas en dos procedimientos, el primero realizado el sábado 3 de mayo en el sector La Parada, final de la autopista La Fría-San Cristóbal, municipio Lobatera del estado Táchira. Ese día detuvieron a Dugarte, Moncada y Sierra, quienes junto al civil Ramírez transportaban en una patrulla del Cicpc la suma de 170 kilos de cocaína de alta pureza. Posteriormente fueron detenidos los otros restantes siete funcionarios de la Policía Científica, quienes fueron imputados ante un tribunal de control del estado Táchira”, relató Rojas.

¿Cómo quedó el caso?

Hoy en día, el Ministerio Público (MP) está solicitando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se radique en Caracas dicho proceso penal contra los 10 funcionarios infractores, cuyo proceso penal se encuentra abierto en el estado Táchira.

“Con el correr de los días (posterior a la aprehensión) el Ministerio Público decide solicitar sacar ese proceso penal hacia otro, lo cual plasmaron en un documento consignado ante la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Ficho documento, técnicamente llamado Solicitud de Radicación, fue redactado por el fiscal del Ministerio Público, Enrique Alfredo Beltrán larrazabal. Asimismo, el pasado 2 de junio se le dio entrada en la Sala Penal del Máximo Tribunal de Venezuela a este documento”, indica las fuentes de Rojas.

(Laiguana.tv / Fotos @afrofenixphoto)