La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró constitucional la Ley Orgánica de Minas, instrumento sancionado por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 9 de abril. Mediante una ponencia conjunta, el máximo tribunal del país certificó que la norma se ajusta al hilo constitucional, tras ser aprobada por unanimidad en el Parlamento Nacional con el objetivo de modernizar el marco jurídico y fortalecer la administración estratégica de las riquezas del suelo venezolano.
La normativa regula la participación de empresas estatales, mixtas, donde el Estado venezolano tenga el 50% del control y el sector privado autorizado, integrando además a las brigadas mineras artesanales bajo un esquema de desarrollo económico soberano y control institucional.
La sentencia se fundamenta en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que garantiza la gestión de los yacimientos y recursos minerales en beneficio del país.
